En nuestro ordenamiento jurídico hay hoy día distintas figuras procesales a través de las que se puede impugnar una resolución judicial de forma fuerte de cosa juzgada. De esta forma, disponemos la nulidad de la autoridad de cosa juzgada fraudulenta en los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos; reconsiderar la acción en el desarrollo penal; protección contra resoluciones judiciales, anulación de laudos arbitrales; y protección directa contra laudos arbitrales.
A la fecha, la revisión civil aún no está regulada por ley. No obstante, el Emprendimiento de reforma del Código de Trámite Civil (anunciado por Orden Del ministerio N° 70-2018-JUS, de fecha 5 de marzo de 2018), ofrece integrar al Código de Trámite Civil los medios de impugnación de la revisión civil.
Petición de ejecución
Si, pese a la condena estable, el culpado no cumple con sus responsabilidades, se muestra una petición de ejecución. Esto debe integrar ciertos datos básicos.
- Fecha de presentación de la demanda.
- La información sobre el veredicto expresado en la sentencia, por consiguiente, debe ir acompañada de la resolución del tribunal.
- No ejecución por la parte del culpado pese a la sentencia estable.
- La petición para instar la otra ejecución pertinente, como el embargo de recursos, por poner un ejemplo.
Opciones de revisión de una sentencia estable
La revisión de una sentencia condenatoria es una oportunidad inusual y excepcional sosprechada en el producto 236 de la ley reguladora de la jurisdicción popular que deja cambiar o anular una condena final.
El presente recurso de casación se interpone frente a la Salón IV del Tribunal Supremo.
La pelea por la seguridad en el ciberespacio en la Unión Europea
La Directiva NIS es el primer acto legislativo de la UE en temas de ciberseguridad. Prevé medidas jurídicas destinadas a remarcar el nivel general de ciberseguridad en la UE, como la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, sobre medidas destinadas a conseguir un prominente nivel común de seguridad de redes y sistemas de información en toda la Unión.
A los efectos de detectar a los operadores de servicios fundamentales, el lugar en un Estado integrante supone el ejercicio efectivo de la actividad en régimen permanente. La manera jurídica de estos pactos, así sea mediante una sucursal o de una filial con personalidad jurídica, no es definitiva a este respecto.